Podemos lleva a la Fiscalía Anticorrupción las irregularidades en la construcción de la residencia del Montepío

Javier Fernández deja como legado, no sabemos si como epílogo, un manto de silencio ante la corrupción y la sonrisa de Mariano Rajoy en La Moncloa

El consejero de Presidencia, Guillermo Martínez, nos invitaba en el Pleno de la semana pasada a que pusiéramos en conocimiento de la Fiscalía las irregularidades en la construcción de la residencia geriátrica del Montepío en Felechosa. Pues bien, este jueves, el diputado y secretario general de Podemos Asturies, Daniel Ripa, presentó un escrito a la Fiscalía Anticorrupción para denunciar estos hechos. Lo hizo acompañado por la concejala de Xente por Ayer, Patricia Díaz, y el doctor en Urbanismo y miembro del Consejo Ciudadano de la formación, Manuel Carrero.

Ripa denunció la existencia de “una operación urbanística a la carta para favorecer al Montepío bajo, parece ser, las órdenes de José ángel Fernández Villa, una obra en la que el Principado tuvo manga ancha y a la que dio barra libre sin controles y sin licencias”. En ese sentido, abundó en que “el Gobierno no actuaría de la misma forma con cualquier empresario que realizara obras sin licencia en un lugar donde no hay plan urbanístico que lo habilite porque es un terreno no urbanizable, pero aquí se actúa con doble rasero porque hablamos del padrino político de muchos de los actuales dirigentes del Partido Socialista”.

El diputado se mostró preocupado por “la tolerancia del Partido Socialista ante la corrupción” y lamentó “el legado, no sabemos si como epílogo, que deja Javier Fernández: un manto de silencio ante la corrupción y la sonrisa de Mariano Rajoy en La Moncloa”.

Aunque la responsabilidad de investigar la corrupción recae en el Gobierno asturiano, ante su omisión, recordó que desde Podemos Asturies “no nos tiembla la mano para acudir a la Fiscalía e impulsar procedimientos judiciales como ya hemos hecho con El Musel, Pokemon, GITPA, etc” y lamentó que la respuesta del Gobierno sea “el compadreo y el oscurantismo ante quien parece que se forraba los bolsillos en Asturies mientras condenaba a la emigración a muchos jóvenes y al desempleo en las cuencas mineras”.

En el caso Hulla, desde Podemos consideramos que hubo una triple responsabilidad: Ayuntamiento de Ayer, Instituto para la Reestructuración de la Minería del Carbón y Desarrollo Alternativo de las Comarcas Mineras y Gobierno asturiano. “No se podía haber hecho la obra de El Montepío con los presuntos desfalcos que ha generado sin una connivencia absoluta del Gobierno, que legaliza una obra que se está construyendo de manera ilegal. En teoría, cuando una administración descubre que una obra se está construyendo sin licencia, lo que haría es paralizarla, y el Gobierno asturiano y los responsables municipales de Ayer iban a hacerse fotos a la obra y contar lo bien que avanzaba El Montepío”, manifestó Ripa.

Por su parte, Patricia Díaz, concejala de Xente por Ayer, anunció que a nivel municipal exigirán explicaciones a quienes en aquel momento tenían responsabilidades políticas y permitieron “un procedimiento no regular de expediente urbanístico, dieron soporte a una presunta trama corrupta que permitió malversar fondos de reestructuración que deberían haber revertido en el concejo de Ayer y que finalmente parece que acabaron en Suiza regularizados por algunos sindicalistas que no tenían muchos escrúpulos”.

El doctor en Urbanismo y miembro del Consejo Ciudadano de la formación, Manuel Carrero, hizo hincapié en el “deber cívico de poner en conocimiento de la Fiscalía Anticorrupción una serie de irregularidades que demuestran que el Gobierno de Asturies permitió el desarrollo de la obra, a pesar de incumplir conceptos tan básicos como que esta se iniciara sin disponer de licencia municipal de obra, construyéndose sobre unos terrenos clasificados como suelo no urbanizable”.

En ese sentido, recordó que “solo una vez iniciada la obra, la CUOTA, en colaboración con el Ayuntamiento de Ayer, dio cobertura legal a la actuación a través de una reclasificación de suelo absolutamente irregular, dispensando a una entidad privada como el Montepío de la Minería del cumplimiento de una serie de obligaciones legales que tienen todos los promotores de suelo, incluidas las dotaciones privadas como son las cesiones de aprovechamiento para usos públicos, la constitución de garantías para asegurar el cumplimiento de los deberes urbanísticos… es decir, una serie de privilegios, de tratos de favor, que quiebran el concepto de igualdad de trato y que han significado un perjuicio para la comunidad”.

Viernes, 30 Junio, 2017|