Lorena Gil critica que el Principado no actuara de oficio ante las irregularidades de Gitpa señaladas por la Sindicatura de Cuentas

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Lorena Gil critica que el Principado no actuara de oficio ante las irregularidades de Gitpa señaladas por la Sindicatura de Cuentas

Lorena Gil lamenta «la falta total de control de cuantas acciones se han llevado a cabo desde la empresa pública Gitpa y que venimos denunciando desde Podemos Asturies en la Junta General y en los tribunales». La parlamentaria de la formación morada se pregunta «cómo es posible que el bufete Garrigues, que ya venía actuando como asesor jurídico del consejo de administración de Gitpa, aconseje al entonces director general de la empresa, Juan Manuel Rodríguez Bañuelos, “lego en materia jurídica”, según sus propias palabras, que puede contratar con la propia Garrigues fraccionando en cuatro contratos menores una asesoría jurídica valorada en 41.000 euros; es decir, recomienda su propia contratación». Y eso, añade, «teniendo Rodríguez Bañuelos a sus órdenes en la empresa a una gerente de contratación, abogada de formación, que debería haber advertido sobre la ilegalidad de este procedimiento e impedir el fraccionamiento».

La diputada de Podemos Asturies sospecha que, «como en el caso Marea, el Gobierno parece que prefiere que caduquen los procedimientos»

La diputada recuerda que «los indicios apuntan a otras posibles irregularidades en otros expedientes de contratación gestionados por las mismas personas. Este caso en cuestión es poco menos que anecdótico por la pequeña cuantía de lo que se investiga, y quizás veamos de nuevo cómo Rodríguez Bañuelos se libra por tener un ‘mero contrato de alta dirección’, como ya sucedió con la adjudicación de contratos menores a la empresa de su hijo por un importe total de 75.000 euros». Y se pregunta «qué control ha ejercido el Principado sobre la contratación de esta empresa. ¿Por qué no es el Gobierno asturiano el que actúa de oficio a la vista del informe de la Sindicatura?».

Lorena Gil manifiesta que «se trata de la misma Consejería en la que se fraguó el caso Marea, y en la que queda probado un absoluto descontrol, en este caso, de la contratación de una empresa pública dependiente de ella», y constata que, «como en el Marea, el Gobierno asturiano parece que prefiere que caduquen los procedimientos por intereses que tienen más que ver con el partido que sostiene el Ejecutivo que con el interés general». La Sindicatura de Cuentas «también ha puesto de manifiesto que en Gitpa los negociados no se negocian o que hay contratos millonarios que no tienen actas de recepción. ¿También en esto seremos los partidos políticos los que tengamos que dar traslado a la Justicia ante la inacción del Principado?».

jueves, 11 enero, 2018|